23 enero 2014

Fabra contra los más débiles

A mediados de noviembre, Alberto Fabra se retrató con este usuario de un centro de Villarreal. Seguramente entonces Fabra no le anunció que en dos meses le pasaría la factura.

El asunto es peliagudo y a poco que los medios se fijaran un poco en él, lo normal sería que no tuviera muy buena prensa. Sin embargo, los medios de masas no le están prestando prácticamente ninguna atención. No obstante —por si acaso— hace unos días el gobierno valenciano trasladó su habitual rueda de prensa semanal a Alicante para exponer su pionera medida, que los afectados solo habían conocido por carta unos días atrás: desde el 1 de enero iba a cobrar más a los discapacitados y dependientes por el servicio que se les ofrece en centros ocupacionales, de día y residencias. Alberto Fabra convertía así un servicio social básico gratuito (garantizado en el resto del Estado y en los países de referencia para el nuestro) en una manera de obtener ingresos. A costa, repito, de los dependientes y los discapacitados.

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fabra hacía gala de su cinismo habitual para convertir este atraco a uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad en algo comprensible por la ciudadanía más irreflexiva. Primero señalando que los discapacitados y dependientes son 7.137 personas, de las cuales el 30% no se verá afectado; y finalmente retorciendo la medida para asegurar que "ninguna persona va a quedar fuera por no tener recursos económicos". Claro, precisamente porque tienen una pensión de discapacidad y sus familias —si han podido permitírselo— se han encargado de dejarles un patrimonio que pueda permitirles un mínimo de bienestar, el gobierno se lo piensa quitar. 'A los que no tienen, nos los tenemos que tragar', podrían haber añadido. Y todo por recaudar entre 10 o 15 millones de euros. Lo que han quemando en unos años en el Open 500 de Tenis, por poner un caso.

Decía que el asunto es peliagudo pero lo que es, es realmente despreciable. Y diga lo que diga el Consell, lo cierto es que ya hay muchos casos de personas a lo largo y ancho del País Valenciano que han tenido que renunciar a un servicio que hacía más llevadero su día a día*. 

Que todo sucede ante la ignorancia de la gran mayoría de ciudadanos es el síntoma más claro de que ésta es una sociedad enferma. Sí, lo lógico sería que saliera en los medios, y abriera los noticiarios hasta que la situación no revertiera, pero no lo hace. Sería normal que esas organizaciones ahora tan en candelero que se hacen llamar "pro vida", fueran las primeras en movilizarse y en exigir a los políticos "conservadores" que velaran por el bienestar de los vivos y garantizaran sus derechos, pero esos ni están ni se les espera. Y no cuenten tampoco con escuchar a las sotanas pedir la excomunión de los Fabras, Camps, Cotinos y compañía, por tamaño desprecio a sus semejantes. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos cruzamos de brazos y dejamos que esto sea —como confía el gobierno del PP— un problema de esas 7.137 personas y sus familias o respondemos a su violencia? Algo habrá que hacer. 

Por lo pronto, este viernes 24 de enero, a las 11:00 horas, y con el esfuerzo que eso les supone, muchos discapacitados, familiares suyos y personas sensibilizadas por esta nueva afrenta a la ciudadanía, se concentrarán ante el Palau de la Generalitat en la Plaza de Manises, en Valencia. Seguro que seremos bien recibidos si nos decidimos a acompañarlos.

*Si quieren más información alrededor de esta media, pueden leer el artículo 'Alberto Fabra pasa la factura a discapacitados y dependientes' que apareció hace unos días en el diario Público.
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