12 julio 2013

#PPilegalización



Clama al cielo que lo que toca es dar ese paso, o al menos a mí me lo parece, visto lo visto. Pero por más que escucho a diferentes comentaristas discutir sobre los vericuetos de tanta actividad delictiva continuada, desde hace un tiempo asisto con extrañeza a un silencio a este respecto. ¿Cómo, siendo lo más lógico, nadie plantea seriamente ilegalizar el Partido Popular?

Veamos. De probarse lo que apuntan las informaciones con que nos ilustra cada día la prensa española (El País y El Mundo, nada menos, nada de panfletos de izquierdas ni propaganda ultraderechista), el Partido Popular sería una organización dedicada —entre otras finalidades y desde hace varias décadas— a enriquecer a su cúpula dirigente por vías ilícitas y huyendo del control de la hacienda pública; ayudada por su acceso —o posibilidad de acceso— al poder en las diferentes administraciones, que habría utilizado también de modo ilícito para incrementar el enriquecimiento de sus dirigentes. Si recuerdan la trilogía de El Padrino, el sueño de Michael Corleone.

Y en la epopeya pepera, Bárcenas no sería el prota, aunque muchos medios traten de erigirle a esa posición, sino el chivato. Sí, resulta también evidente que el ex tesorero del PP da vida al personaje que, trincado con las manos en la masa, trata de negociar una rebaja de su pena (o el apoyo de la organización, ya sea vía económica, vía judicial o, a posteriori, con una de esos indultos que el gobierno tan alegremente concede a los delincuentes que se cuentan entre sus amistades) dosificando las revelaciones que hace del mecanismo y el papel que cada compañero de filas ha jugado en el entramado delictivo.

¿No son estas suficientes evidencias para cerrar este o cualquier otro chiringuito creado con finalidades delictivas o con estas claramente enraizadas en su funcionamiento diario? Algún ingenuo podría recordar como hace unos años se creó una Ley de Partidos, y que, de haberse creado con unas finalidades a favor de la decencia, la transparencia y la democracia en las organizaciones políticas, solo habría que apelar a ella para clausurar el PP e inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos a cualesquiera que hayan delinquido en sus filas (el resto, si quieren pueden montar otro chiringuito a apuntarse a cualquier otro, que hay mucho monte). Pero no, aquello, perpetrado por PP y PSOE, se hizo para ponerse una medalla de cara al electorado más recalcitrante con la finalidad de criminalizar a los partidos abertzales* y no para limpiar el escenario político, que ya ven como está.

Pero, y apelo a la ayuda de lectores juristas —si es que hay alguno ahí fuera—, ¿el sistema legislativo español no tiene ninguna herramienta contra este tipo de organizaciones? ¿Fue la Transición esa Transacción tantas veces denunciada entre los golpistas y sus apandadores herederos? ¿Es España esa monarquía bananera que cada día vislumbran con claridad muchos de sus ciudadanos? Desmiéntannos, por favor, e ilegalicen el PP. No sería un mal comienzo para empezar a arreglar las cosas.

*Hasta la fecha esa ley no se ha utilizado en ninguna ocasión para ilegalizar partidos que han presentado o defienden en sus programas estatales, autonómicos o locales, que “justifican el racismo o la xenofobia”, sin ir más lejos, y ejemplos hay a decenas.
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