21 mayo 2013

Indigno para el PP, perfecto para la sociedad

Blasco y Fabra, tan amigos hace tan solo unos meses. Foto: Germán Caballero. 
Seguro que ya lo saben, pero por si acaso se lo cuento. Rafael Blasco, el político del Partido Popular involucrado en el presunto desvío ilícito de fondos públicos —destinados a priori a cooperación al desarrollo— hacia una trama integrada por amigos suyos, tras ser procesado judicialmente por este asunto (lo de "imputado" ya le queda pequeño), ha puesto su cargo en el PP a disposición del partido con el fin de tratar de evitar la mala imagen que su nueva situación judicial podría ocasionar al mismo. Sin embargo, Blasco, ya no conseller pero sí diputado autonómico (aún del PP), no renuncia a su escaño, imaginamos que considerando que el presunto robo de parte del dinero que la sociedad quería destinar a los más necesitados —8 millones de euros, que los amigos de Blasco convirtieron en coches, yates y otros artículos de lujo— y su posterior procesamiento no dañan en cambio a la imagen del parlamento valenciano y, en último término, a los valencianos a los que también presuntamente representa.

Su caso no es único. Esta misma tarde, quizás mientras lea esto, sus compañeros de siglas debatirán qué hacer no solo con el cargo de Blasco en el partido, sino también con el del alcalde Chiva, José Manuel Haro, que ha hecho lo propio tras abrirse juicio oral contra él por presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documento oficial. Pese a ello, Haro se mantiene al frente de la alcaldía de Chiva y retiene su escaño en la Diputación provincial. Y no es de extrañar: si los alcaldes de Castellón y Alicante, los también popularistas Alfonso Bataller y Sonia Castedo, no han renunciado a los bastones de mando en sus respectivas capitales tras sus imputaciones en los casos Brugal y Gürtel, ¿por qué debería hacer él otra cosa?

Blasco, Haro, Bataller y Castedo tienen sus razones y quizás estén en lo cierto. Quizás su estima por un partido que les ha posibilitado medrar muy por encima de las posibilidades que tendría cualquier ciudadano con su misma preparación y un poco más de decencia, les obligue a este pequeño gesto con el PP, quizás en aras a posibilitar que otros como ellos puedan prosperar del mismo modo en la empresa. Y seguramente, como representantes de la ciudadanía que son, también crean que por ese mismo no deben abandonar sus cargos, puesto que en la sociedad también hay muchos chorizos, presuntos o no, cuya voz tenga que oírse en las distintas cámaras.

Otra cosa es que, pese a que estos sujetos (y otros tantos como ellos) crean que eso es justo y honesto, sus conmilitones en el PP se conformen con eso y no les saquen a gorrazos de las instituciones o les hagan a un lado, aunque sea de modo quirúrgico y provisional. De no ser así, quedaría de manifiesto que los políticos del PP —todos ellos a menos que se demuestre lo contrario— consideran que los excrementos que no les valen para su partido, sí son válidos para asegurarse una mayoría en una cámara o incluso ser la máxima representación de un pueblo. 

Y otra que, a la vista de todo esto —y de que parece que la dichosa Ley de Partidos no se creó para algo tan necesario como ilegalizar al PP—, alguien piense votar a quien se presente bajo esas siglas en las elecciones venideras. A menos, claro está, que siguiendo el posible razonamiento de Blasco y compañía, uno sea un chorizo, presunto o no, y se espere contar con una voz garantizada e inamovible en las cámaras de representación. Entonces sí.
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