21 marzo 2013

Protesten ordenadamente


Marcial Marín, diputado autonómico del PP en Castilla La Mancha, fue, hace un par de días, el primer cargo electo señalado en la vía pública por algunos miembros de las plataformas de afectados por las hipotecas y las preferentes. El objetivo: identificarle a los ojos de la ciudadanía como unos de los responsables de las políticas que están dejando a muchos ciudadanos sin viviendas y a otros tantos sin sus ahorros, al tiempo que benefician y enriquecen a una minoría de privilegiados. La diputada valenciana del PP Belén Juste fue la siguiente política identificada, aunque no fue hasta ayer, cuando miembros de la PAH de Valencia acudieron a la residencia del mediático Esteban González Pons a señalarle ante sus vecinos por los mismos motivos, cuando esta acción de denuncia social trascendió a la luz pública.

"Como parlamentario nacional tengo que emitir un voto en las próximas semanas y creo que esta no es la forma de convencerme para que vote en un sentido o en otro", afirmó ayer el diputado del PP, indignado porque un grupo de ciudadanos haya llevado hasta las puertas de su domicilio el malestar que genera su acción política. "Yo sólo quiero que sepan que dentro de la casa había niños y que han estado aporreando la puerta", aseguró en referencia a lo sucedido en su domicilio, y pidiendo para sí la empatía ciudadana que él, con su voto, no ha ofrecido hasta la fecha a los miles de afectados y a sus hijos —con toda seguridad en peor situación económica que la suya— expulsados de sus hogares en los últimos años.

"Imaginen que en lugar de ser yo un diputado del centro-derecha fuera un diputado de izquierda, y que en lugar de ser una plataforma de los desahucios fuera una plataforma contra la Ley del Aborto la que utilizara un sistema parecido para convencer a los diputados izquierdistas. ¿Les parecería entonces bien lo que están haciendo con nosotros?", añadió Pons equiparando su acción política, que prolonga —y busca seguir haciéndolo— una situación recientemente declarada "ilegal" y "abusiva" por la justicia europea y que tan solo persigue garantizar los beneficios de una pequeña y enriquecida oligarquía, con otra que refrenda y garantiza un derecho de la mujer.   

Tan solo un día después de pasar por sede judicial para declararse irresponsable de una posible estafa a los valencianos (pese a que avaló el presunto timo con su firma como consejero de la Generalitat valenciana), Esteban González Pons recordó cuáles deben ser las reglas: "Tener una reunión no me cuesta, tener un debate no me cuesta, compartir ideas no me cuesta, pero que alguien pueda justificar que se metan en el portal de mi casa, lleguen hasta la puerta y la aporreen con insultos cuando dentro sólo hay niños me parece inaceptable".

Sin embargo el día a día atestigua que Pons y sus compañeros de bancada en el Congreso no se reúnen con las víctimas de sus políticas, restringen el acceso de los colectivos y asociaciones a las cámaras de representación, tumban con su mayoría las iniciativas legislativas populares —sin que siquiera se debatan en casi todos los casos— y, cuando la ciudadanía pretende acercarse a ellos para mostrarles su disconformidad, acordonan el Congreso criminalizando la protesta y reprimiéndola con violencia. 

Tampoco es conveniente protestar en fiestas —véase el caso de las Fallas y las protestas ante el balcón del ayuntamiento de Valencia, donde están esos días todos los focos—, ni a través de las redes sociales, ni elevar la voz de forma espontánea. En definitiva, para Pons y los suyos no hay ningún espacio público en el que las personas puedan señalarles el mal que están inflingiendo a la sociedad española; a excepción eso sí, de las manifestaciones sectoriales y aisladas, que ellos autorizan y al tiempo silencian en su aparato mediático. No obstante, con su discurso victimista y un aplastante respaldo en sus medios de persuasión no sería de extrañar que el diputado del PP hubiera obtenido solidaridad y comprensión por gran parte de la ciudadana, incluso de algunas de las víctimas de su política. 

Ante esta realidad, y a la vista de la situación a la que han llegado en otros países en los que sus ciudadanos siguieron callados y con resignación a sus líderes políticos y mediáticos, solo cabe hacerse dos preguntas: ¿Hasta cuándo esperaremos los españoles a protestar donde y como más les duela? ¿También hasta que nos hayan quitado todo?
Publicar un comentario