24 enero 2011

Por el derecho a especular


El gobierno vasco prepara una ley para tratar de garantizar el acceso de todos los vascos a una residencia digna. Es una buena noticia, pero no por ello resulta menos sorprendente, tanto que todavía a día de hoy, tres décadas y pico después de la aprobación de una constitución que recoge ese derecho, sea todavía necesario el establecimiento de la ley que lo desarrolle; como la firme oposición de algunos sectores —que casualmente se erigen regularmente como los principales valedores y garantes de esa carta magna— a que los ciudadanos puedan disfrutarlo. La vivienda, como el agua o la alimentación básica, es un bien de primera necesidad, pero por su carácter duradero y nuestra especial idiosincrasia (en otras latitudes con diferentes códigos éticos, no parecen tener tan arraigado el sentido de la propiedad como aquí) se convirtió en un objeto susceptible de especular con él. No debería hacer falta, pero tampoco sobra recordar, que esa especulación, orquestada por unos pocos muy ricos, y seguida por muchísimos egoístas y espabilados menos pudientes, generó que en los últimos años la vivienda se volviera un objeto de consumo inalcanzable para la mayoría de los españoles, y creó un mercado con una demanda ficticia que terminó estallando y agravando la crisis que ahora padecemos.


El gobierno vasco quiere ahora atajar eso, corregir la situación gravando fiscalmente la posesión de viviendas vacías que estén fuera del mercado –lo que obviamente, al reducir la oferta, encarece los precios manteniéndolos elevados- y facilitar el acceso a un techo a los que tengan menos recursos. Lo curioso es que eso mismo se propuso ya hace años, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, por el “terrible” tripartito catalán, y finalmente el PSC se echó atrás presionado por el PSOE, que a su vez se veía presionado por los grandes especuladores y los sectores relacionados con el mercado de la construcción, que habrían sufrido un lento frenado en sus beneficios hasta que el mercado se regulase. En lugar de eso todo siguió igual, y, cuando se evidenció que el mercado inmobiliario era artificial, en lugar de una lenta parada, el frenazo fue brutal. El golpe nos lo llevamos igual, pero el no tomar medida alguna seguramente favoreció que algún especulador recogiera sus beneficios a tiempo. El resto, los espabilados de poca monta que se comieron sus pisos y sus inmobiliarias de barrio, y los currantes de la paleta o de fábricas de materiales de construcción que se vieron de un día para otro en la calle, se lo llevaron de lleno. Y el resto, indirectamente, con ellos.

Ahora, aún no recuperados del impacto, un gobierno autonómico quiere establecer medidas para que no se repita, para que los especuladores se busquen otro bien con el que hacer sus negocios. Y frente a ello se han posicionado tres intereses. El primero, los bancos y cajas de ahorros, los principales especuladores del país, que llevan años acumulando viviendas sobretasadas sin sacarlas al mercado para que no se rebaje su precio al valor real (lo que significaría entre otras cosas reevaluar sus activos a la baja), y pedían la semana que se las comprase -al precio que ellos marcan- el estado. El segundo, los especuladores medios: personas y familias de mucho dinero que lo tienen invertido en pisos también inmovilizados y no en oro, diamantes o arte, porque no les da la misma rentabilidad, aunque eso suponga joder al resto de ciudadanos. Y finalmente, algunos constructores, que prefieren un mercado sobredimensionado que les genere muchísimos beneficios, que simplemente responder a la oferta que haya del mercado y construir a medida que las viviendas sean realmente necesarias.

Y con todos ellos, defendiendo el derecho a la especulación, se erige el PP; posicionándose en contra de que se cree en Euskadi una ley que podría garantizar el acceso a la vivienda como recoge la Constitución y evitar buena parte del impacto de la crisis que ahora padecemos. Para los conservadores, que cundiera el ejemplo en el resto del estado sería terrible.

Ayer en una convención extraordinaria del partido, los popularistas se vendían como el próximo gobierno del estado, y ya avisaban de que cuando ocupen el poder, los ciudadanos de a pie las pasaremos canutas. Eso sí, "por culpa de la herencia que nos deja Zapatero", aclaraba Rajoy. Si la herencia es responsabilidad exclusiva de Zapatero o no, puede ser discutible, pero de que si gobierna el PP la factura la pagaremos los de en medio y los de abajo, no les quepa ninguna duda. A los de arriba y a sus derechos, especialmente el de la especulación, que no se los toquen.
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