22 septiembre 2009

Soluciones trampa

Al igual que se dice que hay un entrenador de fútbol en cada uno de sus seguidores, en los tiempos que corren, con la crisis resoplando en la nuca de prácticamente la totalidad de los españoles, cabría decir que todos llevamos un economista dentro. El que más y el que menos oye campanas y todos proponemos recetas, algunas más complejas, las más, sumamente sencillas y sin aristas. Pero el peligro del asunto no es que los ciudadanos llevemos un economista aficionado dentro, sino que los que manejan las riendas del país, los que aspiran a llevarlas y buena parte de los que tienen voz y voto en este asunto que nos compete a todos, en un momento tan delicado como éste, en lugar de educar a la ciudadanía para evitar la indefensión en que ahora se encuentra, apunten hacia soluciones simplistas y milagrosas que, además de no corregir los errores pasados, conllevan un manifiesto intento de confundir o engañar a la ciudadanía.

La más burda sería la que propone el abaratamiento del despido como fórmula para frenar la oleada de despidos -propuesta que por sí sola retrata a la clase empresarial que la sugiere-, pero hay otras. Una de las que más éxito goza entre la población es la de que el primer recorte presupuestario que debería hacer el gobierno es en los salarios de los funcionarios, que deberían congelarse cuando no reducirse. El secreto del éxito de la receta es obvio: reducir los salarios de funcionarios y personal de la administración supondría un ahorro evidente para las arcas públicas autonómicas y del Estado. ¿Pero es justo? Definitivamente no, y conlleva la misma trampa que otras medidas igual de injustas que la rebaja de los 400 euros del IRPF o el regalo de los 2.500 por recién nacido. Y es que ¿por qué a un funcionario de correos o a un barrendero con salarios que a veces no llegan a los 1000 euros mensuales, a una enfermera de urgencias, o a un maestro que vela por la educación de nuestros hijos, hay que castigarle con la misma congelación que a uno de los miles de cargos inútiles creados ex profeso para colocar a familiares y amigos -por norma general tan inútiles como los cargos que ocupan- de los partidos en el poder en las diferentes administraciones? Sólo en la Comunitat Valenciana el número de empleados públicos se ha incrementado en el último año en 8.600 personas, de las cuáles habría que determinar cuántas corresponden a empleos que nos facilitan la vida a los ciudadanos -médicos, maestros, personal de atención al ciudadano...- y que suelen requerir cualificación, y cuántas han sido entregadas a dedo a los colegas. ¿Deben sufrir unos por otros? ¿No deberíamos los ciudadanos vigilar y castigar a las administraciones que en lugar de tratar de solucionarnos las cosas a todos se dedican casi en exclusiva a convertirse en una agencia de colocación para los inútiles de "la familia" a costa de nuestros impuestos? Pues eso.

PD: Aunque no tengo ninguna obligación de decir esto, consciente de la psicosis generalizada del personal al respecto, les diré que soy hijo de maestra jubilada, pero ni soy funcionario, ni aspiro a serlo, ni ninguno de mis familiares lo es.
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