26 marzo 2009

Inmadura y amordazada

Con un "ustedes, después de invadir Irak en contra de la resolución de las Naciones Unidas, no tienen autoridad moral para valorar nuestro anuncio de retirada de tropas de Kosovo" zanjaba el presidente Rodríguez Zapatero ayer en el Senado el debate que los miembros del Partido Popular le plantearon en la cámara. El argumento era aplastante: quien se comporta de un modo no está moralmente autorizado para decir a los demás que se comporten de otro. Tan aplastante como el que el gobierno autonómico valenciano esgrime cuando el PSPV le exige que depure responsabilidades entre sus diputados implicados en casos de corrupción: tampoco son quién para exigir nada a los populares mientras el número dos de los socialistas valencianos no sea destituido por utilizar fondos públicos del ayuntamiento donde gobierna para asuntos de su partido (por mucho que después los hubiera devuelto, para algo están los bancos). Son sólo dos casos de decenas similares, que la ciudadanía contempla a diario y que transmiten una sensación de democracia amordazada, de una democracia que ha encontrado unos límites muy cómodos en el "y tú más" que le proporcionan un margen muy estrecho de maniobra para lograr avances. Malo.

Sin embargo, esa actitud cómoda adoptada por algunos grupos políticos y que entorpece y envilece la política española, devaluándola de cara al electorado, no es sólo culpa de los políticos. Coincidiendo con el juicio por las investigaciones incorrectas de las víctimas del Yakolev-42, ha vuelto a destacar en la prensa -por su silencio y por haber escapado inexplicablemente de comparecer ante el tribunal (ese es otro tema que habría que analizar en profundidad)- la figura de Federico Trillo, un político que fue ministro durante varios episodios sumamente oscuros de la historia de España en lo que respectaba a sus funciones, y que pese a ello todavía se pasea por el Congreso de los Diputados valorando la actuación del gobierno (lo que propicia a su vez el mencionado "y tú más"). Sin embargo, que este personaje -impresentable a la luz de lo sucedido en este caso en particular, digan los tribunales lo que digan- sea todavía un representante público, no es culpa de su partido, que es libre de presentar una escoba de candidata al Parlamento, sino de los centenares de miles de ciudadanos (en este caso en particular, alicantinos) que votaron la lista en la que se presentó. Un síntoma de inmadurez democrática por parte de la población española no achacable en exclusiva a la clase política. Eso sí, es innegable que a buena parte de ésta le favorece esa inmadurez, y la fomenta. Es más, hasta se muestra ofendida y sale a "defender a la población" cuando alguien pone de manifiesto la evidente inmadurez del electorado y la democracia españolas. Y así, como salta a la vista, nos va.
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