09 abril 2008

Dicen digo, hacen Diego

Estaba cantado que así sería, pero que engañarían al personal con tanto descaro es algo que no deja de asombrarme. Resumiendo, porque lo hemos contado más veces. A lo largo de casi una década hemos asistido al imparable negocio de la construcción, que ha reportado pingües beneficios a los empresarios implicados. Impasibles vimos también cómo -al menos en la Comunitat Valenciana, aunque seguramente también en el resto de España- las constructoras y promotoras a penas se detenían a construir viviendas de protección oficial (VPO), ni siquiera aquellas a las que les obligaba la legislación por ser beneficiarias de PAIs (planes de actuación integrada) o similares. La construcción de VPO era, en la mayoría de los casos, aplazada o trasladada a otros emplazamientos (no tan atractivos para sus futuros propietarios) con el beneplácito de las autoridades.

Se forraron las grandes promotoras durante años, sin repartir dividendos, ni compensar a la sociedad con la edificación de VPO que exigía la ley; pero ahora, cuando llegan las vacas flacas, es haciendo todas esas viviendas de protección pendientes el único modo que pueden mantener sus negocios en marcha. Como decía ayer, ahora no son necesarias (sobra vivienda, la gente no compra y el precio está bajando vertiginosamente), pero como estaba cantado, nuestras autoridades tienden la mano a los grandes empresarios y, ahora sí (no cuando eran necesarias para frenar la subida de precios), se preocupan porque se construya VPO.

Sin embargo, lo que es verdaderamente vergonzoso, no es sólo que se impulse su construcción sólo cuando es la única salida para algunas constructoras -que repito, se han forrado a costa del ciudadano durante años-, sino que para colmo, nuestras autoridades aumentan el precio del metro cuadrado de VPO exageradamente para que estos mismos constructores sigan forrándose en detrimento del ciudadano. Así ha sucedido al menos en la Comunitat Valenciana y Madrid (El ministerio da vía libre al encarecimiento de VPO pactado entre el Consell y los promotores, informaba hoy Levante-EMV del caso valenciano), comunidades que sirven para ejemplificar que tanto PP -las comunidades solicitantes- como PSOE -en el gobierno- son cómplices de esta estratagema, que sólo beneficia a las grandes empresas -cuyos beneficios incrementa- pero no a los ciudadanos, a los que obliga a pagar más por tener lo mismo.

Y todo el mismo día que escenifican en las Cortes sus diferencias y se les llena la boca de decir que gobernarán "pensando en los más débiles" o harán oposición pensando "en el bien de la mayoría" de los españoles. Dicen digo, pero sin duda, hacen Diego.

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