29 noviembre 2006

El PP valenciano no encuentra su código ético (y a nadie le importa)

Mientras en Madrid y buena parte de los alrededores la prensa sólo parece tener ojos para la particular relación que mantienen Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón, en la Comunitat Valenciana, considerada en esos mismos cenáculos -tanto en los conservadores como en los progresistas por encontrar un lugar común que proporcione a ambos una imagen de pluralidad- como la cantera que ayudará a reciclar la actual cúpula del PP nacional, su versión regional está en estos convulsos días de corruptelas continuas, y vídeos y contravídeos, dando un espectáculo verdaderamente lamentable. Y creo que el caso requiere mayor atención que la prestada.

¿Pero por qué sucede esto? Todo parece indicar que la idea que se tiene del PPCV en el centro, elaborada a partir de la relación encontrada entre Camps y Zaplana, y que convierte de modo maniqueo a Camps en un hombre moderado y sensato por oposición a la imagen del benidormí de adopción, es totalmente errónea. Un sólo acontecimiento lo desmiente además por pura comparación. Mientras en Baleares, Jaume Matas salió anteayer a pedir disculpas a su ciudadanía por haber tenido en su equipo a Jaume Hidalgo, una vez que éste fue detenido por la policía por su presunta implicación en varios casos de irregularidades urbanísticas; en la Comunitat Valenciana Camps gasta otros modos.

Y es que la reacción del president de la Generalitat Valenciana a la condena -aquí no hay suposición, ni presunción, sino culpabilidad- a Manuel Vilanova, alcalde de Vila-real por el PP, a un año y medio de cárcel por prevaricación, sentenciada por el Tribunal Supremo, ha sido ni más ni menos que organizarle una fiesta homenaje y lanzar a sus consellers a defender a su compañero -no le han pedido ni la baja de militancia- a pesar de que la sentencia también incluye la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Vamos, que mientras a Matas se le indica que debería aplicar con Hidalgo el supuesto código ético (digo supuesto, porque dicen que lo tienen pero nadie lo ha visto) de su partido antes de que fuera arrestado, pues al parecer su conducta era bastante sospechosa; a Camps, cuando el Tribunal Supremo condena a uno de los suyos, nadie le dice nada aunque se pase ese código directamente por ya saben donde. Rajoy, que ya en su día amparara la política de ojos cerrados de Camps hasta que hubiera sentencias, todavía no se ha pronunciado ante la nueva coyuntura: que ya hay condenas contra los suyos.

Pero en Madrid todos miran hacia otro lado, y el Consell, con Canal9 y la retahíla de medios afines tapándose la nariz y pasando por alto cada escándalo (para después, por ejemplo, hacerse eco de las ocurrencias de González Pons, que contrarresta argumentos con salidas de tono de cara a complacer a sus seguidores más chuscos), sigue campando a sus anchas en una Comunitat que cada día se parece más a un lodazal. ¿Nos puede explicar a los valencianos algún periodista nacional por qué pasa esto? Yo, sinceramente, no lo entiendo.

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Otro ejemplo:

Mientras Fomento destituía hace semanas al director de la líneas de Cercanías de Barcelona por las repetidas incidencias que sufrían sus líneas, la Generalitat Valenciana todavía no ha depurado responsabilidades entre los suyos por el accidente de metro que costó la vida a más de cuarenta personas en Valencia el pasado mes de julio. Según alegaron la culpa fue del conductor, pero lo cierto es que desde que se produjo el trágico accidente, la misma línea acarrea más de una quincena de incidentes. (la foto es de Pablo Argente, y la pongo por si alguien ha olvidado lo que sucedió).

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Gracias a Pixelades conocemos un interesantísimo artículo de El Boletín, semanario de economía que se edita en la Comunitat Valenciana. Su titular (y su subtítulo) es el siguiente:

"La deuda del Ayuntamiento de Valencia crece a un ritmo de 700.000 euros diarios"

"El Ayuntamiento de Valencia ha incrementado su deuda en un 35,5% en 2006, a pesar de no haber invertido en ninguno de los grades proyectos de la ciudad, costeados por el Estado y la Generalitat"

A leer.

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